Dos reformas recientes a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla traen cambios concretos para los sindicatos, los titulares de las dependencias y los despachos que litigan ante el Tribunal de Arbitraje del estado. La primera, de junio de 2026, añade un catálogo de conductas que se consideran injerencia de los servidores públicos en la vida sindical. La segunda modifica el artículo 116, que enumera los casos en que la prescripción no puede comenzar ni correr: ahora incluye a las personas trabajadoras desaparecidas y a quienes estuvieron privadas de su libertad y fueron absueltas por sentencia ejecutoriada.

Este artículo explica qué dicen los artículos 60 Bis y 116 en su texto vigente y a quién se dirigen.
Protección del sindicato contra actos de injerencia
La reforma del 8 de junio de 2026 adicionó el artículo 60 Bis. Su objeto es proteger al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado contra la intervención de las personas servidoras públicas en su organización y en sus procesos electorales internos.

El primer párrafo del artículo abre con el principio general:
El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado deberá gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia por parte de las personas servidoras públicas en su constitución, funcionamiento, administración y libre desarrollo de las elecciones sindicales, las condiciones de elegibilidad, la reelección y/o la destitución de la directiva del sindicato.
La ley no se queda en la declaración. A continuación enumera diecinueve conductas que «se entenderán como acto de injerencia sindical», y aclara que lo son «entre otras»: la lista es enunciativa, no limitativa.
Conductas prohibidas
Las conductas enumeradas abarcan desde la coacción directa hasta el uso indebido de recursos públicos. La tabla siguiente resume algunas de ellas:
| Tipo de conducta | Ejemplos del artículo 60 Bis |
|---|---|
| Coacción y presión | Coaccionar, inducir o amenazar a personas trabajadoras o agremiadas para participar o abstenerse de participar en eventos de campaña sindical, o para votar por una planilla, dirigente o sindicato determinado (fracción I). |
| Condicionamiento de derechos | Condicionar la prestación de servicios institucionales, apoyos, licencias o permisos laborales a la emisión del voto o apoyo hacia una planilla sindical (fracción IV). |
| Uso de incentivos | Ofrecer beneficios laborales, ascensos, estímulos o promociones a cambio de apoyo o voto sindical (fracción V). |
| Uso de recursos públicos | Destinar, utilizar o permitir el uso de fondos, bienes, servicios o personal institucional para favorecer o perjudicar a determinada planilla, corriente o dirigencia sindical (fracción VIII). |
| Abuso del cargo | Utilizar el cargo para influir en la opinión de las personas trabajadoras, afectando la libertad del voto sindical (fracción XIX). |
Entre las demás conductas están obligar o condicionar la asistencia a actos, mítines o reuniones sindicales con fines de proselitismo (fracción III), tomar represalias por no apoyar determinada opción sindical (fracción VI), difundir propaganda o material institucional que promueva o desacredite a una candidatura o grupo sindical (fracción IX), permitir el uso de instalaciones, vehículos, redes o infraestructura pública para actos de campaña (fracción X), solicitar contribuciones a subordinados para financiar campañas (fracción XII) y actuar con parcialidad durante los procesos electorales sindicales (fracciones XVI y XVII).
Sanción y responsabilidad
La consecuencia de cometer uno de estos actos no está en la propia ley laboral burocrática. El mismo primer párrafo del artículo 60 Bis remite a otro ordenamiento:
Cualquier contravención a estas disposiciones se sancionará en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La remisión lleva al régimen de responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas, que son quienes cometen la conducta. Para las faltas no graves, el artículo 75 de esa ley general prevé amonestación pública o privada, suspensión, destitución e inhabilitación temporal.
A quiénes aplica la protección sindical
La ley distingue entre trabajadores de base y de confianza. El artículo 60, que la reforma no tocó, reserva el derecho a formar parte del Sindicato a los primeros:
Todos los trabajadores al Servicio del Estado, a excepción de los de confianza, tendrán derecho a formar parte del Sindicato, pero a nadie se puede obligar a pertenecer a él.
En consecuencia, la protección del artículo 60 Bis recae sobre el Sindicato y, a través de él, sobre sus agremiados, que no pueden ser trabajadores de confianza.
Reglas de prescripción del artículo 116
La otra reforma tocó el artículo 116, que enumera los casos en que la prescripción no puede comenzar ni correr. La prescripción extingue las acciones por el transcurso del tiempo. En esta ley los plazos pueden ser cortos: el artículo 114 fija un mes para las acciones de reinstalación o indemnización por despido o suspensión injustificados, contado desde que se notifica al trabajador.
El texto vigente del artículo es el siguiente:
La prescripción no puede comenzar ni correr: I.- Contra los incapacitados mentales, sino cuando se haya discernido su tutela conforme a la Ley. II.- Contra los trabajadores incorporados al servicio militar, en tiempo de guerra y que por alguno de los conceptos contenidos en esta Ley, se hayan hecho acreedores a indemnización; III.- Durante el tiempo que la persona trabajadora se encuentre privada de su libertad, siempre que haya sido absuelta por sentencia ejecutoriada; y IV.- Respecto de la persona trabajadora desaparecida, a partir de la emisión de la Declaratoria Especial de Ausencia por desaparición y en términos de la legislación aplicable en la materia.
Conviene no confundir estos supuestos con la interrupción de la prescripción, que la ley regula aparte en el artículo 117 (por ejemplo, con la presentación de la demanda ante el Tribunal de Arbitraje).
Personas trabajadoras desaparecidas
La fracción IV establece que la prescripción no corre respecto de la persona trabajadora desaparecida. El punto de partida está fijado en el texto: «a partir de la emisión de la Declaratoria Especial de Ausencia por desaparición».
La declaratoria especial de ausencia es una figura prevista en la legislación sobre personas desaparecidas; en el ámbito federal la regula la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas. El propio artículo 116 remite a «la legislación aplicable en la materia». Así, desde que se emite la declaratoria, el tiempo deja de contar para la prescripción de las acciones laborales de la persona desaparecida.
Personas trabajadoras privadas de su libertad
La fracción III comprende el tiempo en que la persona trabajadora estuvo privada de su libertad, con una condición expresa: que haya sido absuelta «por sentencia ejecutoriada», es decir, por una resolución que ya causó estado.
Leída así, la fracción hace que el tiempo de privación de la libertad no cuente para la prescripción de las acciones laborales, siempre que el proceso penal haya terminado en una absolución firme.
Este texto es una guía de lectura, no asesoría sobre un caso concreto. La aplicación de estos artículos depende de los hechos particulares y de la interpretación de los tribunales.
