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Ley de Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla: injerencia sindical y prescripción para desaparecidos

Guía de las reformas a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla: el nuevo artículo 60 Bis sobre injerencia sindical y el 116 sobre prescripción.

Dos re­for­mas re­cien­tes a la Ley de los Tra­ba­ja­do­res al Ser­vi­cio del Es­ta­do de Pue­bla traen cam­bios con­cre­tos para los sin­di­ca­tos, los ti­tu­la­res de las de­pen­den­cias y los des­pa­chos que li­ti­gan ante el Tri­bu­nal de Ar­bi­tra­je del es­ta­do. La pri­me­ra, de junio de 2026, añade un ca­tá­lo­go de con­duc­tas que se con­si­de­ran in­je­ren­cia de los ser­vi­do­res pú­bli­cos en la vida sin­di­cal. La se­gun­da mo­di­fi­ca el ar­tí­cu­lo 116, que enu­me­ra los casos en que la pres­crip­ción no puede co­men­zar ni co­rrer: ahora in­clu­ye a las per­so­nas tra­ba­ja­do­ras de­sa­pa­re­ci­das y a quie­nes es­tu­vie­ron pri­va­das de su li­ber­tad y fue­ron ab­suel­tas por sen­ten­cia eje­cu­to­ria­da.

Fachada blanca y gris de dos pisos con balcones de herrería, toldos claros y el letrero dorado «Congreso del Estado» sobre una puerta de madera adornada, con dos autos estacionados al frente bajo cielo azul.
Edificio del Congreso del Estado de Puebla, el órgano que legisla sobre la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. Dos reformas recientes a esa ley adicionaron el artículo 60 Bis y modificaron el 116. Foto: Luis Alvaz / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Este ar­tí­cu­lo ex­pli­ca qué dicen los ar­tí­cu­los 60 Bis y 116 en su texto vi­gen­te y a quién se di­ri­gen.

Protección del sindicato contra actos de injerencia

La re­for­ma del 8 de junio de 2026 adi­cio­nó el ar­tí­cu­lo 60 Bis. Su ob­je­to es pro­te­ger al Sin­di­ca­to de Tra­ba­ja­do­res al Ser­vi­cio del Es­ta­do con­tra la in­ter­ven­ción de las per­so­nas ser­vi­do­ras pú­bli­cas en su or­ga­ni­za­ción y en sus pro­ce­sos elec­to­ra­les in­ter­nos.

Patio interior con muros cubiertos de azulejos de motivos geométricos, arcos de estilo morisco sobre puertas de madera con vidrios y un balcón con barandal de herrería en el piso superior.
Interior de estilo neomudéjar del edificio del Congreso del Estado de Puebla. La reforma del 8 de junio de 2026 adicionó a la ley burocrática el artículo 60 Bis, que protege al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado contra actos de injerencia de las personas servidoras públicas. Foto: Mario Yaír TS / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

El pri­mer pá­rra­fo del ar­tí­cu­lo abre con el prin­ci­pio ge­ne­ral:

El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado deberá gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia por parte de las personas servidoras públicas en su constitución, funcionamiento, administración y libre desarrollo de las elecciones sindicales, las condiciones de elegibilidad, la reelección y/o la destitución de la directiva del sindicato.

Fuente Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado (Puebla), artículo 60 Bis

La ley no se queda en la de­cla­ra­ción. A con­ti­nua­ción enu­me­ra die­ci­nue­ve con­duc­tas que «se en­ten­de­rán como acto de in­je­ren­cia sin­di­cal», y acla­ra que lo son «entre otras»: la lista es enun­cia­ti­va, no li­mi­ta­ti­va.

Conductas prohibidas

Las con­duc­tas enu­me­ra­das abar­can desde la coac­ción di­rec­ta hasta el uso in­de­bi­do de re­cur­sos pú­bli­cos. La tabla si­guien­te re­su­me al­gu­nas de ellas:

Tipo de conductaEjemplos del artículo 60 Bis
Coacción y presiónCoaccionar, inducir o amenazar a personas trabajadoras o agremiadas para participar o abstenerse de participar en eventos de campaña sindical, o para votar por una planilla, dirigente o sindicato determinado (fracción I).
Condicionamiento de derechosCondicionar la prestación de servicios institucionales, apoyos, licencias o permisos laborales a la emisión del voto o apoyo hacia una planilla sindical (fracción IV).
Uso de incentivosOfrecer beneficios laborales, ascensos, estímulos o promociones a cambio de apoyo o voto sindical (fracción V).
Uso de recursos públicosDestinar, utilizar o permitir el uso de fondos, bienes, servicios o personal institucional para favorecer o perjudicar a determinada planilla, corriente o dirigencia sindical (fracción VIII).
Abuso del cargoUtilizar el cargo para influir en la opinión de las personas trabajadoras, afectando la libertad del voto sindical (fracción XIX).

Entre las demás con­duc­tas están obli­gar o con­di­cio­nar la asis­ten­cia a actos, mí­ti­nes o reu­nio­nes sin­di­ca­les con fines de pro­se­li­tis­mo (frac­ción III), tomar re­pre­sa­lias por no apo­yar de­ter­mi­na­da op­ción sin­di­cal (frac­ción VI), di­fun­dir pro­pa­gan­da o ma­te­rial ins­ti­tu­cio­nal que pro­mue­va o de­sa­cre­di­te a una can­di­da­tu­ra o grupo sin­di­cal (frac­ción IX), per­mi­tir el uso de ins­ta­la­cio­nes, ve­hí­cu­los, redes o in­fraes­truc­tu­ra pú­bli­ca para actos de cam­pa­ña (frac­ción X), so­li­ci­tar con­tri­bu­cio­nes a su­bor­di­na­dos para fi­nan­ciar cam­pa­ñas (frac­ción XII) y ac­tuar con par­cia­li­dad du­ran­te los pro­ce­sos elec­to­ra­les sin­di­ca­les (frac­cio­nes XVI y XVII).

Sanción y responsabilidad

La con­se­cuen­cia de co­me­ter uno de estos actos no está en la pro­pia ley la­bo­ral bu­ro­crá­ti­ca. El mismo pri­mer pá­rra­fo del ar­tí­cu­lo 60 Bis re­mi­te a otro or­de­na­mien­to:

Cualquier contravención a estas disposiciones se sancionará en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Fuente Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado (Puebla), artículo 60 Bis

La re­mi­sión lleva al ré­gi­men de res­pon­sa­bi­li­da­des ad­mi­nis­tra­ti­vas de las per­so­nas ser­vi­do­ras pú­bli­cas, que son quie­nes co­me­ten la con­duc­ta. Para las fal­tas no gra­ves, el ar­tí­cu­lo 75 de esa ley ge­ne­ral prevé amo­nes­ta­ción pú­bli­ca o pri­va­da, sus­pen­sión, des­ti­tu­ción e in­ha­bi­li­ta­ción tem­po­ral.

A quiénes aplica la protección sindical

La ley dis­tin­gue entre tra­ba­ja­do­res de base y de con­fian­za. El ar­tí­cu­lo 60, que la re­for­ma no tocó, re­ser­va el de­re­cho a for­mar parte del Sin­di­ca­to a los pri­me­ros:

Todos los trabajadores al Servicio del Estado, a excepción de los de confianza, tendrán derecho a formar parte del Sindicato, pero a nadie se puede obligar a pertenecer a él.

Fuente Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado (Puebla), artículo 60

En con­se­cuen­cia, la pro­tec­ción del ar­tí­cu­lo 60 Bis recae sobre el Sin­di­ca­to y, a tra­vés de él, sobre sus agre­mia­dos, que no pue­den ser tra­ba­ja­do­res de con­fian­za.

Reglas de prescripción del artículo 116

La otra re­for­ma tocó el ar­tí­cu­lo 116, que enu­me­ra los casos en que la pres­crip­ción no puede co­men­zar ni co­rrer. La pres­crip­ción ex­tin­gue las ac­cio­nes por el trans­cur­so del tiem­po. En esta ley los pla­zos pue­den ser cor­tos: el ar­tí­cu­lo 114 fija un mes para las ac­cio­nes de reins­ta­la­ción o in­dem­ni­za­ción por des­pi­do o sus­pen­sión in­jus­ti­fi­ca­dos, con­ta­do desde que se no­ti­fi­ca al tra­ba­ja­dor.

El texto vi­gen­te del ar­tí­cu­lo es el si­guien­te:

La prescripción no puede comenzar ni correr: I.- Contra los incapacitados mentales, sino cuando se haya discernido su tutela conforme a la Ley. II.- Contra los trabajadores incorporados al servicio militar, en tiempo de guerra y que por alguno de los conceptos contenidos en esta Ley, se hayan hecho acreedores a indemnización; III.- Durante el tiempo que la persona trabajadora se encuentre privada de su libertad, siempre que haya sido absuelta por sentencia ejecutoriada; y IV.- Respecto de la persona trabajadora desaparecida, a partir de la emisión de la Declaratoria Especial de Ausencia por desaparición y en términos de la legislación aplicable en la materia.

Fuente Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado (Puebla), artículo 116

Con­vie­ne no con­fun­dir estos su­pues­tos con la in­te­rrup­ción de la pres­crip­ción, que la ley re­gu­la apar­te en el ar­tí­cu­lo 117 (por ejem­plo, con la pre­sen­ta­ción de la de­man­da ante el Tri­bu­nal de Ar­bi­tra­je).

Personas trabajadoras desaparecidas

La frac­ción IV es­ta­ble­ce que la pres­crip­ción no corre res­pec­to de la per­so­na tra­ba­ja­do­ra de­sa­pa­re­ci­da. El punto de par­ti­da está fi­ja­do en el texto: «a par­tir de la emi­sión de la De­cla­ra­to­ria Es­pe­cial de Au­sen­cia por de­sa­pa­ri­ción».

La de­cla­ra­to­ria es­pe­cial de au­sen­cia es una fi­gu­ra pre­vis­ta en la le­gis­la­ción sobre per­so­nas de­sa­pa­re­ci­das; en el ám­bi­to fe­de­ral la re­gu­la la Ley Fe­de­ral de De­cla­ra­ción Es­pe­cial de Au­sen­cia para Per­so­nas De­sa­pa­re­ci­das. El pro­pio ar­tí­cu­lo 116 re­mi­te a «la le­gis­la­ción apli­ca­ble en la ma­te­ria». Así, desde que se emite la de­cla­ra­to­ria, el tiem­po deja de con­tar para la pres­crip­ción de las ac­cio­nes la­bo­ra­les de la per­so­na de­sa­pa­re­ci­da.

Personas trabajadoras privadas de su libertad

La frac­ción III com­pren­de el tiem­po en que la per­so­na tra­ba­ja­do­ra es­tu­vo pri­va­da de su li­ber­tad, con una con­di­ción ex­pre­sa: que haya sido ab­suel­ta «por sen­ten­cia eje­cu­to­ria­da», es decir, por una re­so­lu­ción que ya causó es­ta­do.

Leída así, la frac­ción hace que el tiem­po de pri­va­ción de la li­ber­tad no cuen­te para la pres­crip­ción de las ac­cio­nes la­bo­ra­les, siem­pre que el pro­ce­so penal haya ter­mi­na­do en una ab­so­lu­ción firme.

Este texto es una guía de lec­tu­ra, no ase­so­ría sobre un caso con­cre­to. La apli­ca­ción de estos ar­tí­cu­los de­pen­de de los he­chos par­ti­cu­la­res y de la in­ter­pre­ta­ción de los tri­bu­na­les.

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